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El Día de las Naciones Unidas para la Cooperación Sur-Sur

Programa de alimentación escolar de la FAO en Latinoamérica y el Caribe.

Fuente: FAO

Todos los esfuerzos para hacer frente al desafío de crear un mundo más equitativo y sostenible han sido reafirmados y ampliados en 2015 con la adopción de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, aprobada por los 193 países de la ONU.

Uno de estos esfuerzos es la Cooperación Sur-Sur que inició en 1949 con el establecimiento del primer programa de ayuda técnica creado por el Consejo Económico y social, y la constitución del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) en 1969.

El Día de las Naciones Unidas para la Cooperación Sur-Sur, que se celebra el 12 de septiembre, tiene el objetivo de generar conciencia entre los ciudadanos del mundo sobre las iniciativas que toma la Organización dirigidas a que los países en desarrollo cooperen entre sí. Asimismo, se celebran los avances económicos, sociales y políticos de los últimos años en regiones y países del Sur.

Te puede interesar el lanzamiento oficial de nuestra investigación: Punto de Inflexión. Cooperación Inteligente, donde se plantea que la cooperación internacional, tal como la conocemos tiene fecha  de vencimiento. Es necesario renovarla de manera colaborativa y participativa mediante la innovación y aprovechamiento de las nuevas tecnologías. Los eventos se realizarán el 20 de septiembre en Argentina, Colombia, Ecuador, España y México. 

La cooperación Sur-Sur es una manifestación de solidaridad entre pueblos y países del Sur que contribuye al bienestar de las poblaciones, su independencia colectiva y el logro de los objetivos de desarrollo acordados internacionalmente, tales como la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible.

Esta cooperación entre los países del Sur se lleva a cabo a través de un marco de colaboración amplio en las esferas política, económica, social, cultural, medioambiental y técnica. Pueden participar dos o más países en desarrollo y tener lugar a nivel bilateral, regional, intrarregional o interregional. Los países en desarrollo comparten conocimiento, habilidades, experiencias y recursos para alcanzar los objetivos de desarrollo mediante iniciativas concertadas.

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Los objetivos básicos de la colaboración Sur-Sur, de acuerdo con el Plan de Acción de Buenos Aires para promover e implementar la cooperación técnica entre países en desarrollo, respaldado por la Asamblea General mediante su resolución 33/134, son los siguientes:

  • Fomentar la independencia de los países en desarrollo a través de la mejora de su creatividad para que encuentren soluciones a sus problemas de desarrollo de acuerdo con sus propias aspiraciones, valores y necesidades específicas;
  • Promover y reforzar la independencia colectiva de los países en desarrollo intercambiando experiencias; aportando, compartiendo y usando sus recursos técnicos y de otro tipo, así como complementándose en el desarrollo de capacidades;
  • Fortalecer la capacidad de los países en desarrollo para que ellos mismo identifiquen y analicen sus prioridades de desarrollo, y formulen las estrategias necesarias para abordarlas.
  • Incrementar la cantidad y la calidad de la cooperación internacional para el desarrollo, aportando y compartiendo capacidades con el fin de mejorar la efectividad de los recursos dedicados a ese tipo de cooperación;
  • Crear capacidades tecnológicas en los países en desarrollo, así como fortalecer las existentes, con el fin de mejorar su efectividad, además de aumentar la capacidad de estos países de absorber y adaptar la tecnología y las habilidades para que se ajusten a sus necesidades;
  • Aumentar y mejorar las comunicaciones entre los países en desarrollo para crear conciencia acerca de sus problemas comunes y ampliar el acceso al conocimiento y la experiencia disponibles, así como la creación de conocimiento nuevo para abordar sus problemas de desarrollo;
  • Reconocer los problemas y las necesidades de los países menos desarrollados, los países en desarrollo sin litoral, los pequeños Estados insulares en desarrollo y los países más afectados por los desastres naturales y otras crisis, para poder así dar respuesta a los retos.
  • Permitir a los países en desarrollo una mayor participación en la actividad económica internacional y ampliar la cooperación internacional para el desarrollo.

También te puede  interesar nuestro Facebook Live: ¿Cómo escoger un consorcio de socios de desarrollo complementarios al conocimiento y habilidades de la organización? por nuestro invitado Nicolas Liarte-Vejrup ha sido consultor de Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo – PNUD y Director de la Firma Blue Dot.

¿Cómo trabajar la Agenda 2030 en América Latina y el Caribe?

Fuente: AECID

La región de América Latina y el Caribe se encuentra en una bifurcación en el camino, en un momento para repensar sus vías de desarrollo y los arreglos institucionales para promover el progreso en los ámbitos social, económico y ambiental, mientras se reducen las desigualdades. Por eso la Agenda 2030, aprobada por los países miembros de las Naciones Unidas en 2015, se vuelve tan relevante. Es una invitación a ver la naturaleza interconectada de los desafíos que enfrentamos. El principio de trabajar esta agenda de manera integrada y de no dejar a nadie atrás es clave para su éxito. En la sede de la ONU en Nueva York vimos el compromiso serio de los gobiernos de la región y su voluntad de revertir esta situación durante el Foro Político de Alto Nivel sobre desarrollo sostenible entre 9 y el 18 de julio.

La región pasa por momentos frágiles en lo económico y lo político. El Fondo Monetario Internacional acaba de recortar sus previsiones de crecimiento para 2018 (de 2,0 a 1,6%) apenas por encima del ritmo de crecimiento poblacional. El ciclo electoral se encuentra en un momento pico, con seis elecciones presidenciales este año y cinco el que viene. Para rematar, el impacto de los huracanes y desastres naturales pasados siguen cobrando facturas, y ya se inicia la temporada de ciclones en el Caribe y el Golfo de México.

Pese a los retos, es un momento de oportunidades. Hay que repensar los modelos institucionales para el desarrollo sostenible de la región. Por eso hacemos hincapié en pasar de enfoques de desarrollo centrados en las acciones gubernamentales (de todo el gobierno) a enfoques de desarrollo basados en toda la sociedad, visibilizando y empoderando a actores sociales, culturales, académicos y privados en pos de un desarrollo integral y sostenible.

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Esta fue la clave del evento en la sede de la ONU, con la Secretaria General Iberoamericana (Segib) y las misiones de Jamaica, Colombia, República Dominicana y México ante la ONU. Vimos, por ejemplo, como Jamaica tiene que trabajar el tema de resiliencia con toda la sociedad, para lograr el desarrollo sostenible. En el Estado de México se invitó a que en los municipios constituyeran consejos para el logro de la Agenda 2030; y que en Colombia, el fin de un conflicto de más de medio siglo permitió nuevos mecanismos financieros para impulsar el comercio en zonas más afectadas. En República Dominicana, la sociedad civil ha forjado espacios para trabajar con gobiernos a nivel local y nacional, y juntos pensar las estrategias de desarrollo sostenible.

Esta manera de trabajar la Agenda 2030 es esencial para enfrentar los retos pendientes de la región, pese al tremendo avance en las últimas décadas. Esto incluye la reducción de la pobreza, el acceso a servicios y protección social, y enfrentar múltiples exclusiones duras por género, etnicidad y/o raza —y retos elementales— para transitar hacia economías de energía limpia, construir ciudades sostenibles y conservar el medio ambiente. Ambos retos se dan en contextos de ralentización económica donde el énfasis en recuperar el crecimiento y dinamizar el mercado laboral tiende a opacar a cualquier otro objetivo la agenda pública.

Colombia acopla su histórico proceso de paz a las tareas inconclusas de desarrollo rural integral en zonas de pacificación. Costa Rica profundiza sus logros ambientales afianzando fuentes de energía renovables

Aprendimos algunas lecciones de los primeros tres años de implementación de la Agenda 2030. Primero, que el reto de abordar transformaciones estructurales de la economía, la sociedad y el medio ambiente compite con las agendas coyunturales del día a día. Esto no significa que no se puedan dar respuestas simultaneas a problemas cortos y largos. República Dominicana plantea una agenda de construcción de resiliencia sistémica para países de renta media al mismo tiempo que busca proteger los logros sociales de la última década. Colombia acopla su histórico proceso de paz a las tareas inconclusas de desarrollo rural integral en zonas de pacificación. Costa Rica profundiza sus logros ambientales afianzando fuentes de energía renovables y trazando la sostenibilidad energética para su futuro.

Segundo, los retos de financiamiento de la agenda generan su propio dinamismo innovador. La promesa de pasar de los billones a los trillones en materia de financiamiento para el desarrollo empieza con inversiones de impacto, bonos de impacto, seguros, créditos público-privados y nuevas iniciativas de sistemas de pensiones, inversores institucionales y bancos de desarrollo. En el Caribe, Granada avanza hacia la estructuración de bonos azules de conservación de la vida marina. Argentina coloca bonos de impacto social para mejorar la calidad de provisión de servicios sociales. Jamaica busca articular nuevos sectores de turismo basados en la preservación del medio ambiente.

Te recomendamos que veas nuestro Facebook Live: ¿Cómo escoger un consorcio de socios de desarrollo complementarios al conocimiento y habilidades de la organización? por nuestro invitado Nicolas Liarte-Vejrup ha sido consultor de Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo – PNUD y Director de la Firma Blue Dot.

Finalmente, quedan los retos institucionales de implementar una agenda universal y ambiciosa. En todos los países de la región emergen mecanismos de localización de la Agenda 2030, uso de datos móviles, de registros administrativos digitales y plataformas de servicios que van construyendo la institucionalidad del futuro. Durante muchas décadas, el debate del huevo y la gallina sobre cómo construir instituciones en lugares de institucionalidad débil va cediendo paso a nuevas formas de presencia institucional generadas a golpe de necesidad: Honduras hoy mantiene registros administrativos en tiempo real para más de cuatro millones de personas; República Dominicana implementa sistemas de alerta temprana a desastres naturales en base a registros hogar por hogar.

Tras casi tres años de la aprobación de la Agenda 2030, hay motivos para construir una narrativa nueva sobre el desarrollo en la región basada en los esfuerzos de proteger logros sociales y construir economías ecológicamente sostenibles, pero sobre todo, definida por un continente en perpetuo movimiento.

*Escrito por Lenni Montiel es director a.i. de la Oficina Regional para América Latina y el Caribe del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), para El País.

¿Cómo articular la cooperación al desarrollo con una perspectiva de género?

Fuente: ABOUD HAMAM / REUTERS Mujeres cargando alimentos del programa de la ONU para Raqa, Siria, el 26 de abril de 2018. La pobreza si discrimina por género.

La pobreza es sexista y se manifiesta en un acceso limitado a servicios básicos indispensables para gozar de una vida digna: educación, empleo, salud y seguridad. La pobreza es sexista, como lo sostiene la ONG One a partir de 25 estadísticas. Según datos de Naciones Unidas, el 60% de las personas que pasan hambre en el mundo de forma crónica son mujeres y niñas. Por su parte, ONU Mujeres reporta que, de 89 países con datos disponibles, el número de mujeres y niñas que viven en condiciones de pobreza asciende a 330 millones. A pesar de la evidencia, el hecho es ignorado por muchos e incluso rechazado por varios. Basta con observar los movimientos reaccionarios internacionales recientes, envalentonados y sin complejos, presumiendo el dinamismo de su militancia en contra de los derechos de la mujer.

De ahí la necesidad de que el género en el desarrollo deje de ser narrativa para volverse objetivo concreto. Los pasados 16, 18 y 20 de julio, el PNUD y la AMEXCID escalaron sus ambiciones en esta dirección. A mediano plazo, el propósito es incorporar una perspectiva transversal de género en los programas y proyectos mexicanos de cooperación internacional para el desarrollo. La misión es titánica. En un país como México, en el que la igualdad de género sigue siendo anecdótica, los esfuerzos por orientar una política pública en este sentido merecen nuestra atención.

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El reto es inédito: concebir a la cooperación al desarrollo -un instrumento de política exterior-, desde un enfoque de género -un cambio de paradigma-. Y la justificación parece evidente, a pesar de que pocas veces se reconozca así. El propósito es volver a situar la lucha contra la pobreza al centro de la cooperación al desarrollo. Sin embargo, la tarea parece difícil si no se atienden las causas de la feminización de la pobreza, e incluso imposible si no se sitúa al género al centro de la cooperación al desarrollo.

Se trata de integrar la igualdad de género en las instituciones mexicanas de adentro hacia afuera.

El desafío es interesante. ¿Cómo articular la cooperación al desarrollo con una perspectiva de género? Si bien casos emblemáticos como el de Canadá y su “política de asistencia internacional feminista” tendrían que servir de ejemplo, México debe forjar su propio camino.

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María Solanas aborda la problemática mejor que nadie, defendiendo la idea de que una política exterior feminista “contribuiría a combatir la situación de subordinación de las mujeres; a avanzar en su representación sustantiva, de modo que los intereses políticos de las mujeres se integren en la formulación de la política exterior; a cuestionar las jerarquías de poder que han venido definiendo las instituciones globales y a plantear y renegociar su composición”.

El desafío exige la transversalización de la perspectiva de género en la política de cooperación no solo en relación a sus beneficiarios, sino también en la organización institucional interna. En otras palabras, se trata de integrar la igualdad de género en las instituciones mexicanas de adentro hacia afuera.

Para que esto suceda, el liderazgo de la AMEXCID en la región es crucial. Sus esfuerzos pondrán a prueba las cadenas de transmisión que conectan a los formuladores de la política de cooperación, con los expertos que implementan los proyectos en el terreno y sus beneficiarios. Se trata, en definitiva, de un paso firme hacia la consolidación del perfil de México como Cooperante del Sur. A partir de este punto, nos queda asignar recursos y actualizar el PROCID 2019-2024, desde una perspectiva de género.

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Nuestra responsabilidad es inmensa. En sintonía con María Solanas, “el desafío global de la igualdad empieza a requerir también de la voluntad política de los liderazgos masculinos que, incorporando el feminismo en su ejercicio del poder, asuman que la igualdad de género beneficia al conjunto de la sociedad. Que es un logro esencial para la prosperidad, la estabilidad y el progreso, un bien público global que hay que contribuir a proveer”.

En un mundo en donde el género es el principal factor que determina el hecho de ser pobre o no serlo, los gobiernos nos deben políticas públicas coherentes. De no hacerlo, estarían evidenciando su masculina fragilidad.

 

*Este contenido fue realizado por Carlos Cortés Zea, Doctor en Economía y Cooperación Internacional, Coordinador del Programa de cooperación AMEXCID-PNUD, para Huffingtonpost México.