Luego de la toma de la Casa Giralda del Ministerio del Interior en Bogotá, el 27 de noviembre, las demandas de las mujeres del norte del Cauca fueron atendidas por Carmen Inés Vásquez, viceministra para la Participación e Igualdad de Derechos. A la reunión fueron convocados funcionarios de los ministerios de Ambiente, Defensa, Interior y la Agencia Nacional Minera y de Energía. 

Sin recibir respuestas contundentes a sus exigencias, las mujeres caucanas se declararon en Asamblea Permanente, hasta que se lleguen a acuerdos concretos con el gobierno. En el proceso de toma, las mujeres increparon al gobierno por su negligencia para dar solución a sus problemas. Reclamaron por su ancestral territorio y afirmaron que “las locomotoras del “desarrollo” no están generando paz, están generando pobreza, hambre, desplazamiento” y recalcaron que “así nos toque con nuestras vidas, vamos a garantizar que nuestras hijas e hijos, vuelvan y puedan estar tranquilos en nuestros territorios, pues ese fue el legado de nuestros ancestros, las tierra”.

En el proceso de toma a la Casa Giralda, como garantes del dialogo entre gobierno y las 60 mujeres, estuvieron: Francisco de Roux; los senadores Iván Cepeda, Alberto Castilla, Luís Evelis Andrade y Claudia López. Así mismo, participaron dos miembros de la Autoridad Nacional Afrocolombiana, Yolanda García y Emigdio Perduz. Además del acompañamiento de una delegación de las Naciones Unidas, Defensoría del Pueblo, Cinep, Red de Observatorios Mineros y de Resistencia de la Universidad Javeriana, la relatora especial para los derechos de las minorías étnicas Gay Mcdougall y la Washington Office onLatinAmerica –WOLA-.

Acuerdos de la Casa Giralda

Uno de los acuerdos logrados en la Giralda, fue establecer una hoja de ruta que permita dar cumplimiento a los acuerdo de Popayán, del 11 de noviembre de 2013 y, del acta del 7 de mayo de 2014, luego de la tragedia en la mina de San Antonio.
Estos acuerdos, pretenden comprometer al gobierno nacional a combatir la minería ilegal, dados los altos niveles de explotación, que hicieron que el mismo gobernador del Cauca denominara a este territorio como “zona de emergencia ambiental”.

Otro de los puntos que más preocupa para estas mujeres, es lo que tiene que ver con las concesiones mineras, sobre lo que Sofía Garzón aseguró: “Es un tema complejo, porque el gobierno alega que ha cumplido con el marco jurídico y la postura de nosotras, es que han cumplido sólo con una parte del marco jurídico, en la medida en que no han incorporado en las decisiones tomadas la jurisprudencia internacional, que por bloque de constitucionalidad, entra al ordenamiento jurídico interno y es de obligatorio cumplimiento. El convenio 169 de la Organización Internacional para el Trabajo –OIT- ley 21de 1991, prevé por ejemplo que ningún proyecto puede ser implementado si hay afectaciones a territorios étnicos, las concesiones afectan nuestra integridad cultural”.

También exigen el cumplimiento de las sentencias y órdenes de protección, emitidas por la corte constitucional a través de los autos 005 del 2009 y 92 programa 9 del 2009, que refiere a la situación de las mujeres negras, en el conflicto armado y a la sentencia T 1045ª de 2010 que protege específicamente al Concejo Comunitario de La Toma.

268 titulaciones y 168 licencias ambientales, seguido de miles de amenazas colectivas en el Cauca

Actualmente en el departamento del Cauca, existen 268 titulaciones, de las cuales 168 cuentan con licencia ambiental, sin que ninguno de estos pasará por consulta previa, lo que convierte a este departamento, en un lugar donde el territorio y la vida se ven afectadas a causa de la minería a gran escala.

Ante las múltiples denuncias por la afectación de la minería a gran escala en las comunidades del norte del Cauca; las mujeres de este departamento, presentan una grave situación de seguridad. Uno de los casos más representativos es el de Francia Márquez, quien interpuso una acción de tutela que fue negada dos veces en los tribunales de Santander de Quilichao y luego en Popayán, decisiones que fueron apeladas y dieron origen a la Sentencia T 1045A de 2010, desde allí las amenazas contra su vida, han incrementado a través de llamadas telefónicas, mensajes de texto y panfletos amenazantes.

Esta situación hizo que el pasado 28 de octubre las mujeres de Yolombó, decidieron de manera autónoma, llevar a cabo una acción en el río ovejas para sacar las retroexcavadoras, que están dañando el río y a partir de allí, las amenazas que pesaban sobre Francia se incrementaron y  se extendieron a otras mujeres. Sobre esta situación Marylin agregó: “Esto es una cuestión bien particular, porque ahora las amenazas no recaen sobre líderes y lideresas, sino sobre sus hijos y eso ya es la degradación del conflicto, pues significa tocar el corazón y las entrañas de los pobladores cuando ya son sus hijos o sus hijas, quienes tienen que caminar dos kilómetros para ir a la escuela, eso complejiza la situación”.

Otra de amenazas más fuertes es contra la ACIN, por las alianzas inter-étnicas, para enfrentar a la minería ilegal y también a la Asociación de Consejos Comunitarios del Norte del Cauca.

¿Y después de la Giralda qué?
Luego de salir de la casa Giralda, las manifestantes se encuentran en un proceso de diálogo con delegados del Gobierno Nacional. Dos puntos fuertes. Uno erradicar la minería ilegal, proceso que solicitan sea, mediante la incautación de las máquinas y no por proceso de bombardeos. Sobre esta petición, el Ministerio de Minas, establece que es imposible incautar este tipo de maquinarias, no obstante, la fiscalía del departamento del Cauca, a la fecha tiene incautadas alrededor de 10 máquinas.

Otro punto en discusión, tiene que ver con la entrega del  informe por parte del Gobierno Nacional, de los acuerdos no cumplidos. A estos dos puntos, piden sea  agregado las respectivas medidas de protección a las mujeres marchantes y a los barequeros.

Sobre el tema de los barequeros, la solicitud es que se desmonte la medida que busca censarlos. La propuesta de las mujeres es caracterizar a este sector de la población, buscando mejorar sus condiciones y no censarlos. Hasta el momento existen mesas temáticas, en donde se discute una unidad de protección para la comunidad y hacer seguimiento al proceso para que no sean más convertidas en víctimas.

En el  proceso de diálogo, está claro que si bien es cierto, han llegado funcionarios a discutir la agenda de trabajo, el estado al parecer no le ha dado la mayor importancia al tema, ya que sus presentes en algunas ocasiones no se presentan al lugar de la negociación, o su delegación se ve impedida de asumir acuerdos concretos, dadas las limitaciones que representan sus cargos administrativos e incluso su falta de interés para dar buen término al proceso de negociación, pues en  ocasiones al caer las 4 de la tarde se retiran, pese a no llegar a tipo de ningún acuerdo.

Hasta la fecha el proceso de diálogo continúa, en este momento  el tema a discutir se centra en  la minería legal, sin el proceso de consulta previa. Por el momento se  esperan  un mayor compromiso por parte del gobierno Nacional, para salir de la situación en la que se encuentra sumido al departamento del Cauca.

Fuente: Colombia Informa.