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Fallo de la Corte suprema a favor de Comunidades indígenas

Comunidades indígenas de Argentina

Comunidades indígenas de Argentina

La Corte suprema Argentina sostuvo que los gobiernos deben consultar a las comunidades indígenas cuando tomen medidas que los afecten.

 Por Darío Aranda

La Corte Suprema de Justicia de la Nación reafirmó la obligación para los gobiernos de consultar a las comunidades indígenas cuando tomen medidas que pudiera afectarlos, e hizo hincapié en el derecho a la autoidentificación de las comunidades (no se requiere que el Estado “reconozca” a una comunidad para que ésta tengo derechos como tal). Es parte de la sentencia en la cual la Corte falló a favor del pueblo mapuche y en contra del gobierno de Neuquén, al declarar la “inconstitucionalidad” de un decreto que desconocía derechos indígenas. “Es un triunfo político y jurídico que se complementa con las movilizaciones que las comunidades indígenas hemos hecho en cada provincia y a nivel nacional para que se respeten nuestros derechos”, explicó Jorge Nahuel, de la Confederación Mapuche de Neuquén.

El decreto 1184/02 fue firmado en agosto de 2002 por el gobernador Jorge Sobisch. El gobernador reglamentó una ley nacional (algo que es competencia del presidente) y modificó artículos de la norma nacional (23.302). El decreto limitaba el reconocimiento de comunidades con requisitos que contradecían la ley nacional y los tratados internacionales de derechos humanos. Exigía evaluar la “identidad étnica”, la lengua, tipo de “cultura y organización”, solicitaba “que convivan en un hábitat común” y que sean “por lo menos diez familias”.

La Confederación Mapuche de Neuquén (CMN) reclamó en 2002 y planteó la inconstitucionalidad: “El decreto altera por completo el espíritu de la ley nacional, ya que sustituye el principio de autoidentificación por el criterio opuesto de identificación por el Estado. En los hechos implica que prácticamente ninguna comunidad podría obtener su 3personería jurídica, pues rara vez se darán todos estos presupuestos. Parece más un intento de control ideológico que una regulación de un derecho”.

La Confederación Mapuche apuntó al trasfondo: si la provincia regula las personerías jurídicas, ata a las comunidades y sus derechos a la discrecionalidad del gobierno local. Además, viola la Constitución Nacional (artículo 75).

Luego de once años de acciones judiciales, apelaciones y presentaciones, la Corte Suprema falló: “El decreto (del gobierno) es inconstitucional en la medida en que no se adecua al ‘umbral mínimo’ establecido por el orden normativo federal, por lo que cabe requerir a la provincia que ajuste su legislación en materia de derechos y política indígena”.

El fallo, firmado el 10 de diciembre, dictaminó que “el decreto 1184 impone recaudos y condiciones que significan una clara restricción y regresión respecto de lo establecido en materia de derechos y política indígenas a nivel federal”, resalta que contradice la ley nacional 23.302 y el Convenio 169 de la OIT (que en Argentina tiene rango supralegal, por encima de normas locales). “El decreto fue dictado omitiendo dar participación previa a las entidades que representan a las comunidades indígenas del Neuquén, desconociendo así la obligación establecida por el Convenio 169.”

“Hacemos una evaluación positiva porque ordena una situación ilegal de décadas, donde la provincia se ha negado a registrar a nuevas comunidades. La última comunidad que ha registrado data de 1996, lo que generó enormes perjuicios en estos once años a muchas comunidades a las que le fue negada cualquier instancia gubernamental alegando que no existían jurídicamente, negación a reconocer a sus autoridades tradicionales, indefensión ante el ingreso de petroleras y privados, que se valían de la falta de documentación jurídica de esas comunidades para atropellarlos”, recordó Nahuel, de la Confederación Mapuche.

El vocero indígena destacó que en agosto pasado la provincia y Nación crearon el Registro Provincial Indígena en base a las pautas del decreto 1184/02. “La Confederación Mapuche va a impugnar ese convenio respaldado en la contundente definición de la Corte Suprema”, advirtió Nahuel.

Juan Manuel Salgado, director del Observatorio de Derechos Humanos de Pueblos Indígenas (Odhpi) y abogado que llevó la causa hasta la Corte Suprema, resaltó que, tras “once años de litigio judicial, el máximo tribunal le ha dado la razón a la Confederación Mapuche, que desde un primer momento cuestionó ese decreto del gobernador Sobisch, que luego fue sostenido por el gobernador Jorge Sapag”. Salgado también cuestionó al máximo tribunal de la provincia: “La sentencia de la Corte Suprema demuestra que sólo la presión política puede haber hecho que el Tribunal Superior de Justicia de Neuquén decidiera a favor del Gobierno”.

La autoidentificación de las comunidades indígenas consta en el fallo de la Corte Suprema, que retoma el constitucionalista Germán Bidart: “Cualquier agrupación, entidad o comunidad que se cree y organice de acuerdo al derecho indígena en el marco de su convivencia colectiva, merecen ser reconocido, registrado o inscripto”. En la práctica, implica que el reconocimiento de las comunidades originarios no está sujeto al Estado, sino a la comunidad indígena.

Fuente: Página12, disponible en línea.

Ecuador pone rumbo a la economía del bien común


La ley de patentes será derogada.«Los neoliberales impulsaban los paraísos fiscales. Nosotros, como socialistas del siglo XXI, vamos a impulsar los paraísos del conocimiento, el conocimiento como bien público y de libre acceso». La frase de Rafael Correa, presidente de Ecuador, pronunciada en directo en la provincia ecuatoriana de El Oro, es más que un eslogan redondo. Resume a la perfección el cambio de rumbo económico, político y social en el que se encuentra inmerso Ecuador. Desde el año 2008, el concepto del buen vivir (del quechua sumak kawsay), que anhela un equilibrio con la naturaleza, está incorporado a la Constitución de Ecuador. Desde el mismo año, el Gobierno Ecuador apostó por el software libre y las licencias abiertas. Sin embargo, el verdadero flechazo del conocimiento ancestral e indígena y el software y la cultura libres está produciéndose en los últimos meses. El proyecto, llamado FLOK Society es el buque insignia de este cambio de piel. Y su lema habla por sí solo: «Diseñando un cambio de matriz productiva hacia la sociedad del conocimiento libre, común y abierto».

¿Qué significa «conocimiento libre, común y abierto»? ¿Es posible dejar atrás el capitalismo competitivo y adentrarse en una economía colaborativa orientada al bien común? ¿Qué pretende exactamente el FLOK? Algunas frases de la Carta Abierta a los Trabajadores del Procomún del Mundo, recientemente lanzada por el equipo de investigación del FLOK, pueden insinuar parte de las respuestas: «Imagina una sociedad que está conectada al procomún del conocimiento abierto, basada en conocimiento, código y diseño libres y abiertos, que pueden ser utilizados por todas y todos los ciudadanos (…) Imagina una economía ética y sostenible que se basa en la creación de una riqueza común cooperativa basada en la reciprocidad, el mutualismo, la producción entre pares.

Lo cierto es que mientras Julian Assange, fundador de Wikileaks, se encuentra refugiado en la embajada de Ecuador en Londres, el Gobierno de Correa está moviendo fichas. Por un lado, como apuntaba Buzz Feed en un artículo reciente, Ecuador pretende convertirse en el paraíso de las libertades mundiales de Internet. Por otro, como afirmó en una entrevista en El Comercio René Ramírez, Secretario Nacional de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación, Ecuador pretende, «democratizar el acceso al conocimiento». Para ello, Ecuador derogará la actual ley de propiedad intelectual. Y, en claro enfrentamiento a la lógica de las patentes privadas, el país apostará por la «economía social del conocimiento» basada en la colaboración, lo compartido y las licencias libres. Para ello, será cocinado en red un nuevo Código Orgánico de Economía Social del Conocimiento, con la ayuda de especialistas de todo el mundo. El secreatario René lo acaba de anunciar a golpe de tweet:

Flujo del proceso de investigación del FLOK

Flujo del proceso de investigación del FLOK

Un Código Orgánico jurídico cocinado en una wiki. La neutralidad de la red como horizonte. Guerra a las patentes. Abandono del extractivismo petrolero. Conocimiento libre. La colaboración como nuevo patrón de la economía. El copyleft como nueva brújula compartida. ¿Los objetivos del FLOK Society son reales o todavía una utopía lejana? Para que el paradigma del «buen vivir sea una realidad cercana, el FLOK Society cuenta con un equipo internacional de investigadores del más alto nivel. Michel Bauwens, director de la P2P Foundation, está coordinando el equipo de investigación que cuenta con las líneas Mejoramiento de las capacidades humanas (a cargo de Paul Bouchard), Cambiando la Matriz Productiva (George Dafermos), Marcos Legales e Innovaciones Institucionales (John Restakis), Infraestructuras Técnicas Abiertas (Jenny Torres) y Procomunes Físicos (Janice Figueiredo).

Michel Bauwens da algunos detalles concretos de la investigación: «Este grupo está planeando pasar los próximos meses investigando, por ejemplo, cómo hacer viable una biblioteca abierta para los colegios del país que substituya el sistema de caros libros de texto privados. También se plantea una comunidad de diseño abierto para máquinas de pequeños agricultores». Por su parte, José Luis Vivero Pol, de la universidad belga de Lovaine, que está trabajando la línea de ‘comida abierta’ del FLOK, asegura que «la idea es plantear una manera de producir, distribuir y consumir alimentos diferente del modelo consumista, extractivista, injusto y sostenible que tenemos». Para ello, matiza José Luis, «el conocimiento ha de ser abierto, la cooperación un valor anhadido y la ética ha de volver a ser la luz que nos guie».

¿Qué repercusión tendrá el FLOK en el resto del mundo? ¿Conseguirá el país andino impulsar un cambio de rumbo en la economía planetaria? ¿Puede convertirse Ecuador en el epicentro de un nuevo mundo basado en la transparencia? La prudencia reina entre las personas implicadas en el FLOK entrevistadas por eldiario.es. «No puedo decir que Ecuador sea el epicentro, creo que estamos apoyando a la convergencia de experiencias y acciones que el mundo necesita», afirma Rubén Zavala, desde la Coordinación Red Infodesarrollo. El hacktivista Daniel Vázquez reconoce, con cautela, el potencial del proyecto FLOK Society: «Liberar espacios de conocimiento compartido, pensar nuevas formas de entender los derechos de autor y aplicar legislaciones innovadoras genera algo similar a un oasis en la red en un mundo donde se pretende crear escasez o sed artificial».El Libro Blanco del Software Libre de Ecuador, que pretende ser el ADN de las futura leyes, es buena prueba del nuevo marco que se está abriendo en el país andino.

De momento, la experiencia FLOK ha llamado la atención de los especialistas internacionales del procomún, el software libre y el conocimiento abierto. Por las listas de correos o encuentros físicos del FLOK dialogan personas como el escritor ciberpunk Bruce Sterling, David Bollier y Silke Helfrich (Commons Strategies Group), Richard Stallman (icono del software libre), Jacob Appelbaum (portavoz oficial del site Wikileaks), el filósofo Xabier Barandiarán o el sociólogo Antonio LaFuente, entre un larguísimo etcétera. Al mismo tiempo, como apunta la investigadora brasileña del proyecto, Janice Figuereido, se está intentando implicar a todo Ecuador, «Gobiernos, ONG´s, academia, campesinos, hackers, indígenas y la sociedad civil en general». De lo local a lo global (o viceversa), el Ecuador ‘glocal’ está en marcha.

A pesar del buen recibimiento internacional del proyecto FLOK Society, se han lanzado críticas níticas contra algunas contradicciones del Gobierno Correa. El cierre del Instituto Pachamana, la polémica ley de prensa, el proyecto de ley de Internet (que limitaría el acceso a la misma) y el actual extractivismo de petróleo en la región de Yasuní son las principales contradicciones del Gobierno de Ecuador.

En el primer semestre de 2014, el FLOK Society celebrará un mega encuentro de los principales protagonistas mundiales del conocimiento libre. Un encuentro, todavía sin fecha definitiva, que puede despejar dudas y acabar con las contradicciones. Un encuentro que puede transformar el Código Orgánico de Economía Social del Conocimiento en la nueva piedra angular del nuevo mundo poscapitalista.

Fuente: Eldiario.es, disponible en línea.

ECUADOR: ‘Cooperación de Usaid se intermedia y no es sostenible’


El Universo / El interés del Gobierno es conocer a dónde llegan los recursos de cooperación y si influyen en el plan nacional del buen vivir, detalla Gabriela Rosero, secretaria técnica de Cooperación Internacional. El próximo año −advierte− se implementarán indicadores «más fuertes» para observar si dicha cooperación apunta a las políticas de interés estatal.

¿Cuál es esa nueva realidad del país que le impide a la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo (Usaid) continuar con la cooperación? La cooperación que requerimos no es la misma de hace 60 años, cuando hablábamos del Plan Marshall, de seguridad alimentaria, de ayuda agrícola. Requerimos con temas de tecnología las universidades recién creadas. Lo que estamos promoviendo es el talento humano.

¿Esa cooperación no se adapta al plan del buen vivir? Mucha está alineada al plan nacional del buen vivir, trabajo en temas ambientales era una de las propuestas de la Usaid, y puede aportar si se puede definir cuál es ese aporte que quiere. Lo que nos preocupa es el resultado de las evaluaciones que hemos hecho y es que esa cooperación se intermedia con otros actores y no es sostenible en el tiempo. Muchos de estos recursos ya se dispersan entre varios actores: financian gastos operativos y administrativos de algunas organizaciones.

¿Contrarias al Gobierno? En algunos casos, sí. Yo prefiero denominar que son las mismas ONG que siempre han canalizado recursos; parecería que hay preferidas…

¿Hay voluntad para continuar negociando con la Usaid? Sí. Tenemos una mesa de diálogo político y el objetivo sería concretar un nuevo convenio. Para ese diálogo tienen que darse elementos.

¿Cuáles? Nuevos contenidos, formas de transparentar la cooperación, temas de seguimiento.

¿Esto no distancia más la relación con Estados Unidos? No, si la cooperación se entiende como un encuentro entre socios.

¿Qué resultados arrojó la evaluación realizada? Fue un proceso que tardó dos años y medio. En este año tenemos 142 organizaciones registradas; hemos firmado 13 nuevos convenios, 21 renovaciones y hemos tenido el cierre de 4 que se quedaron sin financiamiento.

¿A qué deberán ajustarse las organizaciones? Para el próximo año vamos a trabajar con indicadores muy fuertes sobre el grado de complementariedad de la cooperación. En el caso de las internacionales, en el aporte a la política pública reflejada en el plan del buen vivir.