Washington, 28 oct.- Asociaciones de campesinos, indígenas y agrupaciones pro derechos civiles de Guatemala denunciaron hoy ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) la criminalización de las protestas sociales en el país centroamericano y reivindicaron el derecho a la consulta previa de las minorías.
Carlos Bezares, representante de la Asociación Ceiba, explicó ante los comisionados que el vacío legal que existe en Guatemala ante la consulta previa de los pueblos sobre las decisiones en sus propios territorios ha derivado en el país en un abuso de las competencias penales, llegando a acusar de terrorismo a los ciudadanos que ejecutan su derecho a la protesta.
«La cuestión es entender el conflicto social que esto conlleva. Lo que ha ido demostrándose paso a paso es que el Estado está diciendo ante los medios de comunicación que su enemigo es el indígena, el campesino, el pobre», añadió Bezares durante la audiencia relativa a los Derechos Humanos en Guatemala dentro del 149 periodo de sesiones de la CIDH que comenzó hoy en Washington.
Bezares reconoció que en algunos casos las protestas han derivado en situaciones de violencia, pero advirtió de que en ningún caso debe utilizarse figuras de amplio espectro penal en contra de los movimientos sociales.
«La Corte Constitucional ha hecho tres fallos en este sentido: el vacío legal que existe en Guatemala respecto a la consulta comunitaria no puede ser utilizado como excusa para no realizarla. En todos los conflictos que han existido se ha obviado totalmente la consulta comunitaria llevando a las comunidades a altos niveles de conflictividad», añadió.
Rubén Jiménez, representante de la comunidad indígena de Santa María de Xalapán, insistió en que el Estado guatemalteco «criminaliza de manera sistemática la protesta social» y advirtió también de que además hace lo propio con los defensores de derechos humanos.
«Se utiliza el derecho penal en contra de los dirigentes que defienden su territorios frente a los megaproyectos (energéticos) acusándoles de delitos como usurpación, secuestro o asociación ilícita» y en «el peor de los casos de terroristas y sicarios», aseguró.
Los representantes por parte del Gobierno de Guatemala reivindicaron sin embargo que la Administración del presidente Otto Pérez Molina se ha sentado con «los marchistas» para escuchar sus demandas una vez que decidieron ejercer su derecho a la protesta sin afectar a terceros.
«Pero algo fundamental también, el propio presidente se sienta a la mesa con la gente y escucha a su pueblo. Una escucha abierta inclusiva para conocer profundamente el sentimiento de ese pueblo», argumentó Miguel Ángel Valcarce, miembro de la Comision presidencial para los Derechos Humanos de Guatemala.
(Agencia EFE)
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