Fuente: AECID
La región de América Latina y el Caribe se encuentra en una bifurcación en el camino, en un momento para repensar sus vías de desarrollo y los arreglos institucionales para promover el progreso en los ámbitos social, económico y ambiental, mientras se reducen las desigualdades. Por eso la Agenda 2030, aprobada por los países miembros de las Naciones Unidas en 2015, se vuelve tan relevante. Es una invitación a ver la naturaleza interconectada de los desafíos que enfrentamos. El principio de trabajar esta agenda de manera integrada y de no dejar a nadie atrás es clave para su éxito. En la sede de la ONU en Nueva York vimos el compromiso serio de los gobiernos de la región y su voluntad de revertir esta situación durante el Foro Político de Alto Nivel sobre desarrollo sostenible entre 9 y el 18 de julio.
La región pasa por momentos frágiles en lo económico y lo político. El Fondo Monetario Internacional acaba de recortar sus previsiones de crecimiento para 2018 (de 2,0 a 1,6%) apenas por encima del ritmo de crecimiento poblacional. El ciclo electoral se encuentra en un momento pico, con seis elecciones presidenciales este año y cinco el que viene. Para rematar, el impacto de los huracanes y desastres naturales pasados siguen cobrando facturas, y ya se inicia la temporada de ciclones en el Caribe y el Golfo de México.
Pese a los retos, es un momento de oportunidades. Hay que repensar los modelos institucionales para el desarrollo sostenible de la región. Por eso hacemos hincapié en pasar de enfoques de desarrollo centrados en las acciones gubernamentales (de todo el gobierno) a enfoques de desarrollo basados en toda la sociedad, visibilizando y empoderando a actores sociales, culturales, académicos y privados en pos de un desarrollo integral y sostenible.
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Esta fue la clave del evento en la sede de la ONU, con la Secretaria General Iberoamericana (Segib) y las misiones de Jamaica, Colombia, República Dominicana y México ante la ONU. Vimos, por ejemplo, como Jamaica tiene que trabajar el tema de resiliencia con toda la sociedad, para lograr el desarrollo sostenible. En el Estado de México se invitó a que en los municipios constituyeran consejos para el logro de la Agenda 2030; y que en Colombia, el fin de un conflicto de más de medio siglo permitió nuevos mecanismos financieros para impulsar el comercio en zonas más afectadas. En República Dominicana, la sociedad civil ha forjado espacios para trabajar con gobiernos a nivel local y nacional, y juntos pensar las estrategias de desarrollo sostenible.
Esta manera de trabajar la Agenda 2030 es esencial para enfrentar los retos pendientes de la región, pese al tremendo avance en las últimas décadas. Esto incluye la reducción de la pobreza, el acceso a servicios y protección social, y enfrentar múltiples exclusiones duras por género, etnicidad y/o raza —y retos elementales— para transitar hacia economías de energía limpia, construir ciudades sostenibles y conservar el medio ambiente. Ambos retos se dan en contextos de ralentización económica donde el énfasis en recuperar el crecimiento y dinamizar el mercado laboral tiende a opacar a cualquier otro objetivo la agenda pública.
Colombia acopla su histórico proceso de paz a las tareas inconclusas de desarrollo rural integral en zonas de pacificación. Costa Rica profundiza sus logros ambientales afianzando fuentes de energía renovables
Aprendimos algunas lecciones de los primeros tres años de implementación de la Agenda 2030. Primero, que el reto de abordar transformaciones estructurales de la economía, la sociedad y el medio ambiente compite con las agendas coyunturales del día a día. Esto no significa que no se puedan dar respuestas simultaneas a problemas cortos y largos. República Dominicana plantea una agenda de construcción de resiliencia sistémica para países de renta media al mismo tiempo que busca proteger los logros sociales de la última década. Colombia acopla su histórico proceso de paz a las tareas inconclusas de desarrollo rural integral en zonas de pacificación. Costa Rica profundiza sus logros ambientales afianzando fuentes de energía renovables y trazando la sostenibilidad energética para su futuro.
Segundo, los retos de financiamiento de la agenda generan su propio dinamismo innovador. La promesa de pasar de los billones a los trillones en materia de financiamiento para el desarrollo empieza con inversiones de impacto, bonos de impacto, seguros, créditos público-privados y nuevas iniciativas de sistemas de pensiones, inversores institucionales y bancos de desarrollo. En el Caribe, Granada avanza hacia la estructuración de bonos azules de conservación de la vida marina. Argentina coloca bonos de impacto social para mejorar la calidad de provisión de servicios sociales. Jamaica busca articular nuevos sectores de turismo basados en la preservación del medio ambiente.
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Finalmente, quedan los retos institucionales de implementar una agenda universal y ambiciosa. En todos los países de la región emergen mecanismos de localización de la Agenda 2030, uso de datos móviles, de registros administrativos digitales y plataformas de servicios que van construyendo la institucionalidad del futuro. Durante muchas décadas, el debate del huevo y la gallina sobre cómo construir instituciones en lugares de institucionalidad débil va cediendo paso a nuevas formas de presencia institucional generadas a golpe de necesidad: Honduras hoy mantiene registros administrativos en tiempo real para más de cuatro millones de personas; República Dominicana implementa sistemas de alerta temprana a desastres naturales en base a registros hogar por hogar.
Tras casi tres años de la aprobación de la Agenda 2030, hay motivos para construir una narrativa nueva sobre el desarrollo en la región basada en los esfuerzos de proteger logros sociales y construir economías ecológicamente sostenibles, pero sobre todo, definida por un continente en perpetuo movimiento.
*Escrito por Lenni Montiel es director a.i. de la Oficina Regional para América Latina y el Caribe del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), para El País.
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